El COPRED llama a reconocer los derechos de las personas trabajadoras sexuales sin discriminación

PRONUNCIAMIENTO

Las personas trabajadoras sexuales (PERTS), mujeres cis, personas trans y hombres, se enfrentan a altos niveles de violencia, estigmatización, discriminación y otras violaciones a sus derechos humanos. El 17 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, a partir de los crímenes violentos ocurridos en Seattle entre los 80 y 90, cuando un asesino serial le quitó la vida a más de 49 PERTS con la supuesta finalidad de “limpiar las calles”. Esta conmemoración nació como un homenaje a las víctimas, pero hoy es también un llamado a eliminar los maltratos, abusos y violencia que viven las PERTS al ejercer su trabajo.

En el marco de esta conmemoración, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) llama a impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las PERTS sin discriminación, y subraya la importancia del reconocimiento legal del trabajo sexual como tal. A partir de estas necesidades, desde el Consejo se impulsan continuamente acciones de acompañamiento y trabajo conjunto con organizaciones, colectivos, activistas y las propias PERTS, entre los que destaca el informe de resultados de la Encuesta sobre Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación 2020, disponible aquí.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder --ya sea contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad-- que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos del desarrollo. Existen factores que influyen y promueven la violencia hacia las PERTS, entre los que destacan la estigmatización asociada al trabajo sexual, criminalizado en la mayoría de los entornos, así como la discriminación basada en el género, la pertenencia étnico-racial, el estado serológico, el consumo de sustancias y otros factores.

Los aspectos socioculturales relacionados con el estigma y la discriminación generan violaciones a los derechos humanos de las PERTS, y abusos que rara vez se consideran en la discusión sobre la violencia basada en el género. Además, existen varios contextos, dinámicas y factores que les exponen al riesgo de sufrir violencia. Entenderlos es clave para diseñar respuestas adecuadas. Las vulneraciones de los derechos humanos que deben ser consideradas como violencia contra las personas trabajadoras sexuales son las siguientes:

• La extorsión económica. • Negarles o privarles de alimentos u otros artículos esenciales. • Detenciones arbitrarias, sometimiento a registros corporales invasivos o arrestos por parte de la policía. • El arresto o encarcelamiento en centros de detención y centros de rehabilitación de forma arbitraria y sin el correspondiente proceso. • La detención o amenaza de arresto. • Negarles o privarles del acceso a los servicios de salud. • Ser objeto de procedimientos de salud coercitivos, incluyendo pruebas obligatorias de VIH y ETS, la esterilización, entre otros. • La degradación o humillación pública. • Violencia en el lugar de trabajo. Esto puede incluir violencia por parte de los clientes u otras personas compañeras de trabajo, así como en establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual. • Violencia por parte de la pareja o miembros de la familia, quienes pueden pensar que es aceptable utilizarla para «castigar» a partir de la estigmatización del trabajo sexual. • Violencia en espacios públicos. • Violencia no estatal organizada: las personas trabajadoras sexuales pueden ser víctimas de la violencia por parte de grupos delincuenciales, paramilitares, extremistas religiosos, entre otros. • Violencia estatal por parte de personal militar, personas funcionarias y, en mayor medida, policía.

Algunas leyes y políticas, así como su aplicación, pueden exacerbar la vulnerabilidad de las personas trabajadoras sexuales ante las violencias. Las PERTS se muestran a menudo reticentes a reportar los incidentes violentos de los cuales han sido víctimas por temor al castigo o a ser perseguidas por ejercer el trabajo sexual. Incluso donde éste no se criminaliza, la policía puede utilizar disposiciones administrativas, religiosas o reglamentarias para justificar arrestos, revisiones o detenciones de PERTS. Todos estos contextos aumentan la probabilidad de la violencia contra ellas.

Su vulnerabilidad a la violencia puede agravarse por un acceso incierto a los servicios o una falta de control sobre las condiciones de trabajo asociadas con el trabajo sexual. Además, la violencia o el temor a sufrirla puede impedir a las PERTS el acceso a los servicios de reducción de daños, prevención, tratamiento y atención del VIH, a los de salud y otros, así como a los servicios dirigidos a la prevención y respuesta a la violencia.

Desde el COPRED hacemos un llamado a las instituciones y a la sociedad en general a cumplir con los siguientes puntos:

• Promover la plena protección de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual.

• Rechazar las intervenciones fundadas en los conceptos de «rescate» y rehabilitación. Tales allanamientos privan a las personas de su agencia (la elección, el control y el poder de actuar por sí mismas) y aumentan la probabilidad de sufrir actos violentos.

• Promover la perspectiva de género en las estrategias.

• Utilizar los métodos participativos. Las personas trabajadoras sexuales deberían ocupar espacios de participación que les permitan identificar sus problemas y prioridades, analizar las causas y elaborar soluciones.

• Adoptar un enfoque integral que incluya servicios de salud, sector legislativo y judicial.

• Responder con sensibilidad, sin estigmatizar y revictimizar a las personas trabajadoras sexuales que han sido objeto de cualquier tipo de violencia.

• Evaluar los programas para identificar estrategias que reduzcan los factores de riesgo y los niveles de violencia que enfrentan las PERTS.

Mientras no exista un reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, asociado a un cambio cultural que promueva la eliminación de estigmas hacia las PERTS y genere conciencia en torno a la vulnerabilidad de estas poblaciones y su igualdad de condiciones para acceder a todos los derechos, seguirán viviendo violencias y criminalización por parte de diversos sectores de la sociedad. Dignificarles, reconocerles y garantizar el ejercicio de sus derechos es una tarea y responsabilidad conjunta.