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COPRED llama a considerar prioritaria la vacunación de grupos en situación de vulnerabilidad

Publicado el 18 Enero 2021

Boletín 002

La emergencia sanitaria que vivimos actualmente por la pandemia de Covid-19 ha tenido diversos impactos en todos los sectores de la sociedad, que van desde la salud física y las afectaciones económicas hasta las expresiones violentas en los hogares y los efectos en la salud mental. Sin embargo, estos impactos han sido particularmente significativos en los grupos de atención prioritaria, pues la pandemia ha agravado las condiciones de desigualdad y desventaja que estas poblaciones ya enfrentaban históricamente.

Además, en muchos casos las medidas tomadas para contener la pandemia, han afectado de manera diferenciada a estos grupos, que desde antes de la pandemia veían restringido o negado su acceso a diferentes derechos. Las medidas, en apariencia neutrales, han generado impactos diferenciados en las poblaciones de atención prioritaria, que además se entrelazan con los grupos de riesgo detectados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En agosto pasado, el COPRED publicó su Informe de impactos diferenciados por Covid-19: Diálogos con organizaciones de la sociedad civil, en donde da cuenta de cómo ha impactado la pandemia por Covid-19 en los siguientes grupos de atención prioritaria: personas trabajadoras sexuales, poblaciones callejeras, personas LGBTTTIQ+, personas con discapacidad (PcD), personas mayores, personas privadas de la libertad, personas migrantes y refugiadas, personas trabajadoras del hogar, personas afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes (NNAs), personas que viven con VIH y mujeres.

Uno de los objetivos de este Informe fue resaltar la importancia y necesidad de diseñar medidas destinadas a promover la inclusión, con la consulta y participación activa de las poblaciones en el diseño de respuestas y propuestas de acciones y estrategias, así como una guía que proporcione orientación sobre cómo debemos actuar ante una crisis como la que ahora vivimos.

En este sentido y ante la preocupación por la profundización de la brecha de desigualdad ante la pandemia, consideramos pertinente alertar sobre la adopción de una perspectiva interseccional para la aplicación de la vacuna contra el SARS-COV2, es decir, además del enfoque etario, considerar la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas poblaciones, lo cual potencia su posibilidad de contraer el virus y enfermar con síntomas de gravedad.

De acuerdo con el calendario del Plan Nacional de Vacunación presentado por el Secretario de Salud federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, después del personal de salud, en la segunda etapa se contempla la vacuna de las personas de 80 años y más; en la tercera, de 70 a 79 años; en la cuarta, de 60 a 69 años; en la quinta, de 50 a 59 años; en la sexta, de 40 a 49 años; y en la séptima, la población menor de 40 años. Lo anterior cobra sentido de acuerdo con la demografía de los contagios y, sobre todo, de los fallecimientos por Covid-19. Por supuesto, los datos nos muestran que las personas mayores son un grupo particularmente vulnerable.

Sin embargo, estudios de la UNAM demuestran que el perfil de las personas que mayormente han perdido la vida ante el virus son hombres de edades entre los 40 y 69 años que viven en condiciones socioeconómicas precarias, y que en su mayoría son quienes no han podido dejar de salir a trabajar. Asimismo, estos análisis consignan que los municipios indígenas, es decir, aquellos habitados por más del 70% de personas hablantes de lenguas indígenas, presentan mayores índices de mortalidad, lo cual obliga a que estas poblaciones sean consideradas como grupos prioritarios para la aplicación de las vacunas contra covid-19.

De acuerdo con los vértices de la desigualdad socioeconómica y cultural, tendrían que ser contempladas particularmente las comunidades indígenas, poblaciones callejeras, personas privadas de la libertad, trabajadoras sexuales, personas con discapacidad (PcD) y quienes viven con VIH. Las dinámicas y condiciones de vida cotidiana de estos grupos históricamente desaventajados y discriminados las han expuesto a un mayor riesgo de contagio por covid-19, así como a una mayor dificultad para enfrentar las complicaciones de salud asociadas al desarrollo del virus, especialmente en contextos donde la mayoría de ellas no cuentan con acceso efectivo al derecho a la salud, o desde antes de la pandemia, e incluso más durante ella, han encontrado diversos obstáculos para acceder a éste.

Desde el COPRED consideramos que es indispensable garantizar el acceso de todas las personas a todos los derechos, especialmente a la salud, por lo que es necesario emprender medidas que nivelen las condiciones de desventaja y den prioridad a grupos en situación de vulnerabilidad, desigualdad y discriminación, las cuales han agravado los impactos diferenciados que la pandemia ha tenido sobre ellos.