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COPRED llama a atender los impactos diferenciados que viven las personas refugiadas ante la COVID-19

Publicado el 19 Junio 2020

Pronunciamiento 021

Cada minuto, 24 personas en el mundo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. En la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas este 20 de junio, es especialmente relevante señalar los impactos diferenciados que enfrentan estas poblaciones derivados de la pandemia por la Covid-19.

Ante ese escenario, así como las protestas contra el racismo, las Naciones Unidas este año hacen énfasis en recordar al mundo que todas las personas, incluidas las refugiadas, pueden hacer una contribución a la sociedad y cada acción cuenta para crear sociedades más justas, incluyentes e igualitarias.

Ante una condición de desigualdad y desventaja histórica, en el contexto actual la principal preocupación de las personas refugiadas no es precisamente el riesgo de contagio, sino la precarización y la urgencia de resolver necesidades inmediatas y acceder a servicios de salud u oportunidades de trabajo. Además, los mecanismos de apoyo con los que generalmente cuentan pueden verse ahora limitados ante las medidas de prevención, distanciamiento y aislamiento para evitar la transmisión del coronavirus.

En su artículo 11, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a las personas migrantes, sujetas de protección internacional y en otro contexto de movilidad humana como un grupo de atención prioritaria, y establece que tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición. Además, mandata que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión.

En tanto, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados define quiénes son las personas refugiadas y consigna sus derechos. Una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde enfrenta graves amenazas a su vida o su libertad. Por lo tanto, tiene derecho a no ser expulsada, a no ser castigada por entrada ilegal, al empleo remunerado, a la vivienda, a la educación y asistencias públicas, a la libertad de religión, al acceso a los tribunales, a la libertad de circulación dentro del territorio, así como a contar con documentos de identidad y de viaje.

Aunque no hay datos específicos que indiquen que estas poblaciones tienen un mayor riesgo de contagio sanitario por su estado físico o por condiciones de salud preexistentes, sí hay un índice importante de embarazos, además de que están expuestas a condiciones parecidas a los centros de reclusión, como el hacinamiento, en las 53 estaciones migratorias que existen en nuestro país. A ello se suma que los albergues que gestiona la sociedad civil están admitiendo nuevos ingresos de manera limitada para prevenir el contagio.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) llama a reflexionar en torno a cómo la situación mundial ha desdibujado la presencia y las necesidades específicas de las personas migrantes y refugiadas, lo cual se agrava por una percepción generalizada de rechazo. Aún hay mucho camino por andar en cuanto a la empatía y la sensibilización sobre la realidad de estas poblaciones.

A los impactos diferenciados en el acceso a medios de supervivencia alimentaria, de vivienda, de salud, así como en la precarización y deterioro, se suma el miedo que podría impedirles acercarse a servicios de apoyo, y las expresiones de xenofobia y discriminación que se han agudizado ante la pandemia.

Al igual que otros grupos de atención prioritaria, las personas migrantes y refugiadas han vivido tradicionalmente excluidas, por lo que las medidas ante la pandemia hacen aún más difícil su acceso a derechos. La desigualdad no les era ajena, pero sus condiciones de privación y carencia se han acentuado, específicamente en la falta de acceso a oportunidades.

En particular, las mujeres enfrentan condiciones que urge visibilizar, pues el 80% de ellas han sido obligadas a dejar sus países por violencia de género. Las mujeres y niñas migrantes y refugiadas pueden sufrir discriminación y son más vulnerables a la violencia, explotación y abusos. También viven en mayor medida la exclusión social, la falta de empleos, de oportunidades y la limitación de acceso a servicios básicos, específicamente a la salud sexual y reproductiva. En el contexto actual, es indispensable retomar el tema de las personas refugiadas en la agenda nacional, así como generar acciones interinstitucionales coordinadas para brindar atención integral y acceso a todos los derechos, sin hacer diferencia entre migrantes regulares e irregulares o personas refugiadas. Todo ello sin olvidar que las personas migrantes y refugiadas pueden ser autosuficientes, son completamente resilientes, y tienen derecho a buscar y a tener oportunidades en igualdad de circunstancias que el resto de las personas.