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Propuesta para fortalecer la educación inclusiva en el Dictamen de la iniciativa que modifica los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución, aprobado por las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados

Publicado el 31 Marzo 2019

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2019

Comunicado conjunto

Toda reforma constitucional en materia de derechos humanos debe representar un avance respecto a cómo se entiende y propone su defensa y promoción. En esta nota, se presenta una alternativa de redacción para evitar retrocesos y avanzar en la comprensión y garantía del derecho a la educación incluyente para todas las niñas, niños y jóvenes (NNJ) en México.

EDUCACIÓN INCLUYENTE

Como en el respeto y goce de los derechos humanos no se permite discriminar, la inclusión es un aspecto indisoluble del derecho humano a la educación que México ha reconocido en la Constitución y signado en más de diez tratados internacionales: desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, hasta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2007. Dado que el fin de la inclusión es que todas y todos alcancen su potencial y participen efectivamente en la sociedad (UNESCO, 1994, 2009), los sistemas educativos deben eliminar todas las barreras para el aprendizaje y la participación en la educación, es decir, las creencias, actitudes, políticas y prácticas que generan exclusión o marginación, ya que ésta es la forma adecuada de reconocer y responder a la diversidad inherente a cada persona (Hardy y Woodcock, 2015; Echeita y Ainscow, 2010).

Defender, entonces, el derecho a una educación incluyente implica entender que acceder y permanecer en la escuela es solamente un primer paso, ya que una visión más amplia debe velar, además, para que las niñas, niños y jóvenes no sean excluidos, ni de experiencias de aprendizaje ni de una participación efectiva para influir en su contexto escolar (Mexicanos Primero, 2018). Por tal motivo, es indispensable pasar de una visión de la inclusión que ha privilegiado el diseño de políticas públicas para atender grupos marginados o con “necesidades educativas especiales” a uno más amplio, que establezca la responsabilidad de todos los componentes del sistema educativo de adaptarse a la diversidad inherente a cada persona, y no al revés (Hardy y Woodcock, 2015; Save the Children, 2008).

Adoptar esta visión en México implica evitar la segregación de ciertos grupos o poblaciones en servicios o espacios distintos, como se ha hecho con la educación indígena, comunitaria y hasta con poblaciones de migrantes, en aras de construir un sistema para todas y todos. En última instancia, y sin olvidar que la inclusión debe velar por la protección de grupos de alumnos en riesgo de marginalización (Echeita y Ainscow, 2010), a largo plazo, la visión que debe prevalecer es una enfocada en una transformación sistémica, no solamente basada en esfuerzos focalizados.

En específico, el artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, establece que debe prevalecer la educación inclusiva. En este sentido, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas en su observación general número 4 indicó que la educación inclusiva se basa en los derechos humanos, que reconoce el respeto y el valor de la diversidad, así como la obligación por parte del Estado de eliminar barreras para hacer frente a la discriminación sistemática y estructural de poblaciones vulneradas, no solo en las aulas sino en todos aquellos entornos educativos formales e informales. Además, preocupado por la persistencia del modelo de educación especial y la falta de escolarización de todas las niñas, niños y jóvenes con discapacidad en el país, recomendó al Estado Mexicano reconocer en la legislación un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación.

El tema de la educación especial recientemente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo en revisión 714/2017 resuelto en octubre de 2018), y resolvió lo siguiente:

… para lograr una equidad educativa de facto o sustantiva, las autoridades estatales deben fortalecer la educación inclusiva dentro del sistema regular, y no así robustecer la educación especial. Ello implica, entre otras consideraciones, que el Estado mexicano, lejos de contemplar sistemas paralelos y separados para los educandos – uno para personas con discapacidad y otro para las demás–, debe adoptar de manera progresiva las medidas concretas y deliberadas para que "todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos".

En ese sentido, la educación especial no debe, ni puede ser la estrategia en que el Estado mexicano se base para lograr el acceso a una educación inclusiva, por el contrario, en términos de los preceptos 24, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en consonancia con el diverso 4, párrafo 2, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado mexicano debe transitar progresivamente a la plena eficacia del derecho a la educación inclusiva, lo cual resulta incompatible "con el mantenimiento de dos sistemas de enseñanza: un sistema de enseñanza general y un sistema de enseñanza segregada o especial". (Énfasis nuestro)

El dictamen aprobado por las Comisiones Unidas acertadamente incluye la inclusión como principio y criterio de la educación. Sin embargo, omite establecer la obligación del Estado de eliminar cualquier barrera para el aprendizaje y la participación, tal como lo establece la a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*

Asimismo, ese mismo texto eleva a rango constitucional el concepto de educación especial que, de conformidad con las convenciones y recomendaciones internacionales aquí referidas sobre el tema y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es incompatible con el derecho a la educación incluyente o inclusiva. Además, señala que la educación inclusiva corresponde al aula regular cuando el estándar internacional establece que la obligación inclusiva abarca todos los entornos educativos y no únicamente las aulas.

A continuación se presenta una propuesta alterna de redacción para las dos menciones de educación especial que contiene el dictamen: